A fines del año pasado, Francis Allison Oyague pasó de ser un alcalde medianamente conocido a ministro de una importante cartera, la de Vivienda, gracias al apoyo de Alan García Pérez. Y a pesar de que los vecinos de Magdalena ya tenían varios reparos con respecto a su comportamiento, el blindaje presidencial le permitió aparecer ante la mayoría como una figura política joven y prometedora.
Todo eso acabó después que su verdadera naturaleza quedara completamente al descubierto en Miami, en el vergonzoso incidente de tráfico de dinero que protagonizó junto a su esposa en noviembre último. Previamente, Allison había sido separado del gabinete por sus vínculos nada claros con Business Track, tema por el cual acaba de comparecer ante el Ministerio Público para dar sus declaraciones en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos contra la administración pública, lavado de activos y corrupción de funcionarios.
Como se sabe, Business Track (BTR) es la empresa signada como responsable de la intervención telefónica que puso al descubierto, entre otras cosas, las negociaciones que por debajo de la mesa hacía Rómulo León Alegría con funcionarios de Petro Perú. La relación entre esta empresa y Francis Allison salió a la luz como resultado de la investigación que el Ministerio Público venía desarrollando sobre el caso de los famosos “petroaudios”.
En la documentación incautada a BTR, fueron halladas facturas que Allison giró entre el 2007 y el 2008 para cobrar un total de S/. 98,000. Allison ocultó estos hechos al presidente Alan García y todo se descubrió cuando ejercía como ministro de Vivienda. Sus explicaciones para tratar de justificar sus vínculos con BTR —primero al Ejecutivo y luego al Congreso—, fueron insuficientes, razón por la cual la fiscalía abrió una investigación preliminar que acaba de recibir una ampliación de 60 días.
Pero detrás de Francis Allison hay más que estas sospechosas y sobre remuneradas asesorías legales que hasta el momento no ha podido explicar de manera satisfactoria. Prueba de esto son algunos reveladores datos que surgieron de las declaraciones que él y su esposa dieron ante la Corte Federal de Miami durante el tiempo que estuvieron impedidos de salir del país luego de que se le incautaran un total de 50,250 dólares sin declarar.
Por ejemplo, el ex ministro se vio obligado a revelar ante dicho tribunal que mantenía una cuenta de ahorros en el Bank of America y, adicionalmente, otra cuenta bancaria en la Unión de Bancos Suizos (UBS). Este dato contrasta groseramente con la declaración jurada que presentó al cesar como titular de Vivienda (publicada en “El Peruano” el 17 de noviembre pasado), en la cual solo consigna como parte de su patrimonio un ingreso mensual de S/. 15,600 que recibía como ministro. También anotó en el rubro Bienes la suma de S/. 247,026.15 y S/. 600,000 en el rubro Otros. Solo estos dos rubros suman 847 mil soles.
Cabe recordar que tanto él como su esposa Carla Robbiano se negaron rotundamente a aceptar su culpabilidad en el caso del dinero no declarado a las autoridades norteamericanas y únicamente lo hicieron cuando entendieron que les convenía. De hecho, el juez federal de Estados Unidos los condenó a solo cuatro días de cárcel y una multa de tres mil dólares. Asimismo, cada uno está prohibido de entrar a ese país en los próximos tres años a diferencia de lo que podría pasar en el Perú de comprobarse el origen ilícito de este patrimonio no declarado.
Para el jurista Luís Lamas Puccio, las revelaciones de Allison en el tribunal de Miami van a tener una grave repercusión en su contra, ya que confirman la incompatibilidad entre lo que declaró y lo que tiene en el exterior. Lamas Puccio dijo que si después de la investigación preliminar en contra de Allison se formaliza una denuncia penal, los delitos en su contra son graves, pues la pena por lavado de activos puede costarle hasta 25 años de cárcel.
La trayectoria sinuosa de Francis Allison se remonta a su gestión como alcalde de Magdalena durante la cual fue sancionado por Indecopi tras incumplir una resolución que eliminaba diversas barreras burocráticas y pagos irregulares que iban a favorecer a la Asociación de Comerciantes e Industriales del distrito. Por otro lado, no podemos olvidar que, siendo burgomaestre y militante de Unidad Nacional, Allison fue detenido por una patrulla de serenazgo de San Isidro en completo estado de ebriedad. Y lo que es peor, tratando de agredir a los efectivos que lo intervenían.
Pero eso no es todo. Días antes de juramentar como titular de la cartera de Vivienda, una cámara indiscreta lo grabó ofreciéndole al presidente Alan García la organización de una marcha de respaldo durante una caminata en la Costa Verde. Más adelante, una publicación refirió que en un Consejo de Ministros Allison reveló que intentaron sobornarlo por un millón de dólares en torno al proyecto de concesión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada, en el Callao. Allison lo negó en siete idiomas.
La ciudadanía no debe ser sorprendida por los intentos de reciclaje que este personaje, que pretende retomar una “carrera política” marcada por el signo de la corrupción. Francis Allison no es ninguna víctima, sino un aspirante a las grandes ligas que quedó sin piso cuando sus errores fueron una carga para su padrino político, Alan García Pérez, quien no dudó un solo instante en marcar distancia con él.
Y USTED QUE OPINA:
¿Cree usted que el presidente debió escoger un sujeto con estas características como ministro de estado?
¿Cree usted que este sujeto debe quedar sin sanción después de todos estos actos irregulares?
No hay comentarios:
Publicar un comentario