Ayer lunes la comisión del Congreso que investigó la interceptación telefónica por parte de la empresa Business Track aprobó el informe final que recomienda derivar ese documento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Comisión de Ética, para que se determinen las responsabilidades de los implicados en este caso. Las reacciones airadas de los involucrados no se hicieron esperar, mientras el congresista Oswaldo Luízar, quien presidió esta comisión, aseguró que su grupo de trabajo ha actuado de acuerdo a ley y de manera objetiva.
El congresista y vicepresidente, Luis Giampietri, calificó como difamación que el informe lo involucre en este caso, aunque defendió su amistad con Elías Ponce Feijoó, sindicado como la cabeza de una red de interceptación telefónica. Luego de considerar que el pleno del Congreso debería “tirar al tacho” dicho informe, Giampietri acusó a los miembros de la comisión de haber cometido delitos en la elaboración de dicho informe, al no determinar quién interceptaba las comunicaciones, quién pagó por estos servicios y a quiénes benefició.
Para la congresista Mercedes Cabanillas, otra de las implicadas en el informe, el documento aprobado por la comisión que preside el legislador Oswaldo Luízar, está cargado de odios y guarda una intencionalidad política. Tras rechazar las conclusiones del informe, la legisladora aprista no descartó iniciar acciones legales contra quienes intentan implicarla en este caso. “Es un informe cargado de intencionalidad política, no es un producto de ninguna investigación; simplemente es un armado de un intercambio de intereses políticos”, remarcó.
Por su parte, el presidente regional del Callao, Alex Kouri, también rechazó la acusación de espionaje telefónico en perjuicio del ex presidente regional chalaco Rogelio Canches que le formuló la Comisión Luízar en el citado informe. “La comisión no alcanza ninguna prueba, ni testimonial, ni mucho menos documentaria”, sentenció.
El congresista y vicepresidente, Luis Giampietri, calificó como difamación que el informe lo involucre en este caso, aunque defendió su amistad con Elías Ponce Feijoó, sindicado como la cabeza de una red de interceptación telefónica. Luego de considerar que el pleno del Congreso debería “tirar al tacho” dicho informe, Giampietri acusó a los miembros de la comisión de haber cometido delitos en la elaboración de dicho informe, al no determinar quién interceptaba las comunicaciones, quién pagó por estos servicios y a quiénes benefició.
Para la congresista Mercedes Cabanillas, otra de las implicadas en el informe, el documento aprobado por la comisión que preside el legislador Oswaldo Luízar, está cargado de odios y guarda una intencionalidad política. Tras rechazar las conclusiones del informe, la legisladora aprista no descartó iniciar acciones legales contra quienes intentan implicarla en este caso. “Es un informe cargado de intencionalidad política, no es un producto de ninguna investigación; simplemente es un armado de un intercambio de intereses políticos”, remarcó.
Por su parte, el presidente regional del Callao, Alex Kouri, también rechazó la acusación de espionaje telefónico en perjuicio del ex presidente regional chalaco Rogelio Canches que le formuló la Comisión Luízar en el citado informe. “La comisión no alcanza ninguna prueba, ni testimonial, ni mucho menos documentaria”, sentenció.
Y USTED QUE OPINA:
¿Cree que estos implicados en el informe realmente no tienen nada que ver con el tema?
¿Qué sanción cree que merecen recibir en el caso de que sean encontrados culpables?
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